El presidente Donald Trump ha reavivado el debate migratorio en Estados Unidos con el anuncio de un polémico “pase temporal” dirigido a inmigrantes que laboran, principalmente, en sectores esenciales como la agricultura
En una reciente entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump anuncio un polémico “pase temporal”, Trump explicó que la idea permitiría a los trabajadores pagar impuestos y ofrecería a los agricultores mayor control sobre su plantilla, sin el temor constante a perder empleados clave por operativos migratorios.
“Hay personas que llevan trabajando entre 15 y 20 años, que son buenas, que posiblemente entraron de forma irregular y acabas destruyendo al agricultor porque te llevas a toda la gente. Es un problema”, declaró Trump, reconociendo el papel fundamental que desempeñan miles de migrantes en la economía agrícola del país.
Este planteamiento surge en un contexto electoral donde la migración sigue siendo uno de los temas más polarizantes. Trump parece buscar un equilibrio entre su discurso tradicional de mano dura y la presión económica que enfrentan industrias que dependen de trabajadores extranjeros, en su mayoría indocumentados.
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Aunque el anuncio ha generado interés, hasta ahora no se conocen detalles sobre la mecánica del “pase temporal”, lo que alimenta las dudas sobre su alcance real y posibilidades de aplicación.
La propuesta de Trump, que algunos interpretan como un viraje moderado, contrasta abiertamente con la línea dura que mantiene el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En declaraciones recientes a NBC News, un portavoz del DHS reafirmó que la vigilancia y aplicación de la ley migratoria en centros de trabajo continúa siendo una “prioridad”.
“No habrá espacios seguros para las industrias que acogen a delincuentes violentos o que socaven los esfuerzos de ICE”, advirtió el vocero, dejando claro que la política oficial sigue siendo estricta y sin excepciones.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, reiteró esta postura tras una breve pausa en las redadas migratorias, insistiendo en que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos de forma ilegal sigue estando sujeta a deportación inmediata.
La aparente contradicción entre el discurso de Trump y la postura del DHS subraya la dificultad para implementar un programa que, según expertos, necesitaría reformas legales, apoyo del Congreso y coordinación entre agencias federales.
