Unas declaraciones del director general del Infonavit, Octavio Romero, durante su intervención en la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, aseguró que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, aquellas personas que hayan ocupado viviendas de forma irregular recibirán apoyo para quedarse con ellas a través de un esquema de renta con opción a compra
Según Romero, el gobierno no realizará desalojos y buscará soluciones para quienes se encuentren habitando casas que no les pertenecen, incluso si no son derechohabientes del Infonavit. “Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros”, dijo el funcionario, al detallar que los ocupantes podrían pagar una renta durante algunos años hasta convertirse en propietarios legales del inmueble. Esta medida se enmarca, supuestamente, dentro de una estrategia de justicia social para regularizar asentamientos informales.
Sin embargo, el discurso del director del Infonavit ha levantado una intensa polémica. Grupos de defensa del patrimonio familiar consideran que esta política podría abrir la puerta al despojo masivo de viviendas, “No sería raro que aumentaran las invasiones”, opinan analistas, ante lo que muchos consideran un mensaje confuso y riesgoso por parte del gobierno.
La preocupación social no es menor. En lugar de desalojar a los ocupantes, Romero afirmó que se buscará reubicar a los dueños originales en otro sitio, lo cual ha sido interpretado por algunos como una forma de legalizar el despojo. “¿Qué garantías tiene ahora quien con esfuerzo compró su casa?”, se preguntan cientos de familias.
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El anuncio también ha generado desconfianza en otros frentes. En redes sociales y colonias populares, algunos ciudadanos han empezado a cuestionar la intención del censo para el programa Médico en tu Casa, luego de que encuestadores hicieran preguntas sobre la propiedad de las viviendas, número de recámaras y ocupantes. La suspicacia crece entre quienes temen que esta información sea usada para identificar inmuebles “sospechosos” de estar deshabitados o disponibles para ser ocupados por terceros.
La comparación con regímenes autoritarios no se hizo esperar. Hay quienes advierten que este tipo de políticas recuerda a las primeras etapas del socialismo en países como Venezuela, donde la propiedad privada fue diluida en nombre de la justicia social. Aunque el gobierno aún no ha presentado un documento oficial que detalle el alcance del programa, la mera insinuación de que se premiará la ocupación irregular ya genera alarma. “Tal vez sea exageración, pero nadie puede asegurar que estén equivocados”, se lee en varios comentarios ciudadanos.
Ante el revuelo, se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum o el propio Infonavit emitan una aclaración o postura más precisa sobre la estrategia anunciada. Hasta el momento, no se ha ofrecido información adicional sobre el mecanismo de regularización, ni sobre los criterios para determinar qué invasores pueden optar por quedarse y cuáles serán sujetos a otro tipo de intervención. Mientras tanto, miles de familias temen por la estabilidad de su patrimonio y exigen reglas claras que no vulneren su derecho a la vivienda.
El debate está abierto, y lo que parecía una propuesta de regularización social se ha convertido en uno de los temas más sensibles del arranque del sexenio. La ciudadanía exige certezas, los propietarios piden garantías, y los analistas advierten que políticas mal diseñadas pueden alentar prácticas ilegales. En un país con millones de viviendas abandonadas y una severa crisis de acceso a la vivienda, las decisiones que se tomen ahora marcarán el rumbo del derecho patrimonial en los próximos años.
