El Congreso de El Salvador allana el camino para la reelección presidencial indefinida y las opiniones están divididas
En una controvertida decisión, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Con mayoría absoluta del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), el Congreso ratificó los cambios impulsados por aliados del presidente Nayib Bukele, consolidando así su dominio político y eliminando obstáculos legales para extender su permanencia en el poder
La reforma no solo autoriza la postulación continua del jefe de Estado, sino que modifica artículos clave de la Constitución, como la eliminación de la segunda vuelta electoral y la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años. La medida fue ratificada el 31 de julio y publicada casi de inmediato en el Diario Oficial, bajo la firma del propio Bukele.
Con 57 votos a favor de los 60 legisladores, la reforma fue formalizada durante una nueva sesión del Congreso. Entre sus implicaciones está la alineación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para 2027. También se elimina la sanción que suspendía los derechos ciudadanos de quienes promovieran la reelección presidencial, lo que representa un giro significativo en la historia democrática del país.
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Los artículos 80 y 152 de la Carta Magna fueron modificados. El primero elimina restricciones que penalizaban a promotores de la reelección, y el segundo borra la cláusula que prohibía ser candidato a quienes hubieran ejercido la presidencia por más de seis meses en el periodo anterior. Esta reforma anula los candados constitucionales que hasta ahora impedían una reelección indefinida.
Críticas de la oposición y de la comunidad internacional
Durante la sesión legislativa, la diputada Marcela Villatoro, del partido opositor ARENA, criticó duramente la reforma, calificándola como una “confesión pública de (eliminar) la democracia disfrazada de legalidad”. Para Villatoro y otros detractores, el cambio constitucional representa la erosión de la institucionalidad democrática salvadoreña.
Bukele ya había iniciado su segundo mandato el 1 de junio de 2024, tras un controversial aval de la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron nombrados por la misma Asamblea oficialista en 2021. El cambio de interpretación constitucional fue clave para habilitar su reelección, pese a que múltiples artículos lo prohibían explícitamente.
Desde entonces, críticos han denunciado una concentración de poder sin precedentes. Grupos de derechos humanos y organismos internacionales han expresado preocupación por lo que consideran una deriva autoritaria, con una institucionalidad debilitada y decisiones unilaterales desde el Ejecutivo.
La presión también se ha sentido en el ámbito judicial y en los medios de comunicación. Diversas organizaciones, como Cristosal, y medios independientes como El Faro, han sido objeto de persecución o forzados al exilio. Según sus propios testimonios, más de 20 empleados de Cristosal abandonaron el país recientemente por temor a represalias.
Un liderazgo popular, pero bajo creciente escrutinio
A pesar de las múltiples advertencias, Nayib Bukele continúa gozando de una altísima aprobación ciudadana. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, su popularidad alcanzaba el 85% en junio de 2025. Buena parte de ese respaldo se debe a su política de mano dura contra las pandillas, que ha generado una percepción de mayor seguridad entre la población.
El estado de excepción decretado en marzo de 2022, aún vigente, permitió al Gobierno realizar arrestos masivos, con más de 85.000 detenciones a la fecha. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, incluyendo a personas inocentes.
La libertad de prensa también se ha visto gravemente afectada. Medios críticos han sido perseguidos, y periodistas han optado por reubicarse fuera del país. El caso de El Faro, que trasladó su sede a Costa Rica, se ha convertido en símbolo de la creciente represión contra voces disidentes.
Además, se han impulsado leyes como la de “agentes extranjeros”, que imponen restricciones a ONG’s y periodistas, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional. Para muchos, estas acciones confirman el avance de un modelo político cada vez más centralizado y autoritario.
¿Hacia una nueva era política en El Salvador?
Con la reforma constitucional ya ratificada, El Salvador se encamina hacia un nuevo escenario político, en el que la alternancia en el poder podría quedar en suspenso por tiempo indefinido. La eliminación de barreras legales para la reelección plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia salvadoreña.
Para algunos sectores de la población, esta transformación representa una evolución necesaria, justificada por los logros en materia de seguridad y gobernabilidad. Para otros, significa un retroceso democrático sin precedentes, donde el equilibrio de poderes y las garantías constitucionales han sido socavadas.
La comunidad internacional, por su parte, mantiene la mirada atenta sobre El Salvador. La OEA, la ONU y diversas embajadas han emitido comunicados en los últimos meses llamando al respeto del orden constitucional y de los derechos fundamentales.
El escenario, sin embargo, parece favorable para Bukele, quien con su partido Nuevas Ideas controla no solo el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el aparato judicial. El margen para la oposición se ha reducido, y las condiciones para un debate plural y crítico parecen cada vez más limitadas.
