En medio de un ambiente de inquietud ciudadana y críticas por posibles afectaciones a la privacidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión permita espionaje o censura por parte del gobierno federal
Durante la mañanera, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, reforzó el mensaje presidencial. “El gobierno ni espía ni censura con la nueva Ley de Telecomunicaciones”, afirmó de forma contundente. Peña Merino detalló que muchos de los artículos señalados como polémicos ya forman parte del marco legal vigente desde 2014, y que no contemplan cambios sustanciales que permitan el acceso directo del Ejecutivo a datos privados.
El especialista destacó que, por ejemplo, el artículo 183 del dictamen aprobado en el Senado mantiene exactamente la misma redacción que la legislación vigente. Es decir, los operadores de telecomunicaciones solo están obligados a colaborar con las autoridades de procuración de justicia, siempre bajo los términos que marcan otras leyes. No existe, subrayó, ninguna facultad extraordinaria para la Agencia Digital o el Gobierno Federal de acceder a información de los usuarios de manera discrecional.
Peña Merino recordó además que el artículo 182 del proyecto, equivalente al artículo 189 de la ley vigente, establece claramente que la colaboración entre operadores y autoridades debe realizarse únicamente mediante mandamiento por escrito, fundado y motivado, emitido por autoridad competente, conforme lo exigen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Te puede interesar: Rescate milagroso en crucero Disney: padre se lanza al mar para salvar a su hija
A pesar de las aclaraciones oficiales, el debate público sigue vivo. Organizaciones defensoras de la privacidad digital, académicos y usuarios expresan que el riesgo no radica solo en lo que diga la ley, sino en cómo se aplique y supervise.
En los próximos días, la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la oportunidad de reforzar los candados legales y clarificar el alcance de las obligaciones de los concesionarios, para evitar interpretaciones que puedan prestarse a abusos.
El compromiso del gobierno, según Sheinbaum, es garantizar que México cuente con un marco legal actualizado, eficaz para enfrentar los retos tecnológicos y delictivos actuales, pero sin ceder un solo milímetro en el respeto a los derechos humanos.
Con el proyecto aún en discusión, la ciudadanía estará atenta a que la promesa de “ni espionaje ni censura” se mantenga no solo en el discurso, sino también en la letra y práctica de la ley.
