El líder de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego sigue defendiendo su postura ante los señalamientos del gobierno y Claudia Sheinbaum
La reciente acusación por presunta evasión fiscal de parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 27 de junio, ha desatado una nueva confrontación entre el gobierno federal y uno de los hombres más poderosos de los medios en México. El dueño de TV Azteca rompió el silencio con una contundente respuesta en redes sociales, acusando al gobierno de perseguir a quienes exhiben la corrupción.
Durante la mañanera, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, reveló que el grupo empresarial de Salinas Pliego mantiene una deuda con el fisco mexicano por más de 74 mil millones de pesos. Esta cifra, aseguró la funcionaria, corresponde a omisiones acumuladas desde 2009 y se ha mantenido en litigio por años. Galeano también afirmó que parte de la estrategia del grupo fue interponer amparos ante el poder judicial, contando con la supuesta complicidad de jueces que habrían “eludido su deber”.
La presidenta Sheinbaum respaldó la exposición de la procuradora y aseguró que su administración no cederá ante intereses privados que intenten evadir responsabilidades fiscales. “Estamos comprometidos con hacer justicia fiscal y terminar con los privilegios. No se trata de persecución, sino de legalidad”, afirmó la mandataria. Sus palabras marcaron una postura firme contra lo que calificó como años de impunidad empresarial en temas tributarios.
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Las declaraciones generaron revuelo en medios y redes sociales, especialmente porque involucran a uno de los principales concesionarios de televisión en el país. La relación entre el gobierno federal y los medios de comunicación vuelve a tensarse, esta vez con un señalamiento directo que pone en tela de juicio la relación entre poder económico, justicia fiscal y cobertura mediática.
La respuesta del empresario: “Nos castigan por decir la verdad”
Horas después de la conferencia, Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para emitir una respuesta tajante. “Premia con el dinero de los mexicanos a los medios que se someten y castiga a quienes denunciamos supuestos actos de corrupción contra el pueblo de México”, escribió el empresario, haciendo alusión directa a lo que considera una represalia por el tipo de contenidos que su televisora ha difundido.
En otro mensaje, defendió el trabajo periodístico de TV Azteca. “No hemos hecho otra cosa que reportear la verdad y cubrir los hechos. Si les parecen negativas las notas, pues pónganse a trabajar y den resultados para tener algo bueno que reportear”. Con ello, el empresario sugiere que el conflicto tiene una raíz más profunda que la fiscal: la libertad de prensa frente a la crítica gubernamental.
Los mensajes fueron acompañados por miles de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Algunos usuarios respaldaron la postura del magnate, mientras otros exigieron que se cumpla con el pago de impuestos como cualquier otro contribuyente. La discusión rápidamente escaló a una conversación sobre justicia, medios y democracia.
Salinas Pliego ha protagonizado en los últimos años varias controversias públicas, pero esta representa una de las más complejas por la implicación directa del Ejecutivo federal. Mientras tanto, el caso fiscal sigue su curso legal y podría sentar un precedente sobre cómo se relacionan los grandes consorcios mediáticos con el Estado mexicano.
¿TV Azteca recibe publicidad oficial?
Durante la misma conferencia, una reportera cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre la continuidad de los contratos de publicidad oficial con empresas como TV Azteca y Televisa, considerando las deudas fiscales que se han mencionado. La presidenta respondió de forma tajante: “Televisa recibe, como otros muchos medios que están aquí presentes, pero TV Azteca no porque debe impuestos. ¿Cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario?”
Esta declaración dejó en claro que, al menos según la versión oficial, el canal propiedad de Salinas Pliego no recibe actualmente presupuesto gubernamental para publicidad institucional. La respuesta también parece desmentir indirectamente las acusaciones del empresario respecto a un supuesto castigo, al menos desde el enfoque económico y contractual.
Pese a ello, expertos en derecho fiscal señalan que la discusión de fondo no debe centrarse en la relación con el gobierno, sino en la obligación de cumplir con las leyes tributarias. La diferencia entre una deuda impugnada en tribunales y una evasión comprobada es clave, y el proceso legal será determinante para aclarar las responsabilidades.
Por ahora, el debate público parece dividirse entre quienes ven en esta disputa un intento legítimo del gobierno por hacer cumplir la ley, y quienes interpretan la exposición mediática como una forma de presión hacia un medio crítico del poder en turno.
¿Qué sigue en el caso?
La Procuraduría Fiscal no detalló cuál será el próximo paso en el proceso legal contra el grupo empresarial, pero aseguró que continuará la revisión de los casos pendientes y buscará que se pague lo que corresponde. La mención a la complicidad de jueces también encendió alertas dentro del Poder Judicial, que podría verse presionado a revisar la actuación de algunos de sus miembros.
En paralelo, el equipo legal de Salinas Pliego mantiene activos los litigios que han permitido hasta ahora frenar o aplazar el pago de la millonaria suma. Se espera que, en las próximas semanas, tanto la defensa como la autoridad fiscal emitan nuevas posturas, mientras la opinión pública se polariza ante uno de los conflictos más relevantes entre un gobierno federal y un medio de comunicación en los últimos años.
El tema también podría escalar a nivel legislativo, pues algunos actores políticos han comenzado a pedir transparencia sobre los contratos de publicidad oficial y una fiscalización más estricta hacia los grandes grupos empresariales del país.
Transparencia, medios y Estado: un debate pendiente
El caso Salinas Pliego-Sheinbaum abre de nuevo una vieja discusión sobre el poder de los medios en México y su relación con el aparato gubernamental. En un país donde la libertad de expresión convive con acusaciones recurrentes de censura y favoritismo, este enfrentamiento coloca en el centro del debate temas cruciales: el papel del periodismo, la legalidad fiscal y la autonomía de los poderes del Estado.
Mientras tanto, tanto el gobierno como el grupo empresarial se mantienen firmes en sus posturas. Y aunque la justicia resolverá lo legal, la percepción pública ya ha sido tocada. Como ha ocurrido antes, la disputa trasciende lo financiero: es también una lucha por la narrativa y la legitimidad.
