La presidenta, Claudia Sheinbaum impulsa reformas clave en seguridad pública con nuevo paquete legislativo
Durante su conferencia matutina del 24 de junio en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, junto con su equipo, un ambicioso paquete de reformas en materia de seguridad pública. El eje de esta iniciativa está compuesto por tres pilares fundamentales: la creación de una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la expedición de una Ley General actualizada del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y reformas estructurales a la Ley de la Guardia Nacional.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que estas reformas buscan consolidar dos objetivos estratégicos: la profesionalización de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado. Las modificaciones propuestas pretenden alinear el marco legal con las necesidades actuales de seguridad, atendiendo delitos de alto impacto con un enfoque preventivo y coordinado.
Uno de los aspectos centrales es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que establecería una base jurídica clara para el uso de tecnologías en labores de inteligencia. El sistema operará bajo la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y tendrá supervisión del Ministerio Público.
Te puede interesar: El Día de San Juan llueve, la historia detrás de la creencia popular
Godoy subrayó que cualquier intervención en comunicaciones privadas requerirá autorización judicial, tal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó la segunda pieza clave del paquete: una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituye a la normativa vigente desde 2009. Según la funcionaria, el marco actual ya no responde a las exigencias del país, por lo que se requiere una legislación más ágil y eficiente.
La nueva ley busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, dotar de soporte jurídico al Gabinete de Seguridad y replicar su funcionamiento en los estados a través de las llamadas mesas de paz. Asimismo, establece la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública que forme cuadros con visión ética, profesional y humanista.
El rediseño del sistema permitirá transitar de un modelo enfocado en operativos aislados a uno de planeación estratégica con enfoque integral. Figueroa destacó que la nueva normativa no sólo facilitará la cooperación entre instituciones, sino que fomentará mejores prácticas en la formación de mandos y agentes.
Esta transformación responde a la necesidad de enfrentar de forma más efectiva los desafíos del presente, priorizando la prevención y profesionalización del servicio público de seguridad, con enfoque civil y respeto a los derechos ciudadanos.
Guardia Nacional: permanencia y profesionalización
El tercer eje del paquete presentado por Sheinbaum se centra en reformar la Ley de la Guardia Nacional y otros seis ordenamientos. La reforma propone reconocer a esta institución como una fuerza permanente de seguridad pública, con estructura similar al Ejército pero con funciones estrictamente civiles.
Las reformas también prevén un marco legal para garantizar la operatividad y autonomía de la Guardia Nacional, que será responsable de labores de prevención e investigación, manteniendo coordinación con el Ministerio Público. Esta reestructuración busca eliminar ambigüedades sobre el carácter civil de la corporación, reforzando su papel dentro del sistema de justicia.
Además, se contempla la homologación de grados jerárquicos con las fuerzas armadas, lo que facilitará la movilidad profesional de los elementos dentro del esquema de seguridad nacional, sin que ello implique militarización de la función.
Este apartado también aborda temas de participación política, como el derecho de los miembros de la Guardia Nacional a solicitar licencia para competir en elecciones, algo que Sheinbaum defendió como parte de una tradición jurídica vigente desde la Constitución de 1917.
